Acusan panistas: desaseo, corrupción y derrotismo de Marko Cortés Después de Duarte y Yunes… todo sigue igual Caso Telra-Infonavit: Todo el rigor de la FGR por una alegada trama de corrupción Comparecieran ante el Senado aspirantes a la SCJN; hablan de aborto y ofrecen independencia 5 6 CON INFORMACIÓN DE 4 Caso Telra-Infonavit: Todo el rigor de la FGR por una alegada trama de corrupción codo SAMUEL ADÁN I GUILLERMO FLORES I TANTA L. MONTALVO JEILNIFIR GOT42.41.EZ I NORMA MAPTINEZ I FELIPE DE LA O L0PEr “Estamos ante el terrena de lo inédito: nunca se había recuperado tanto dinero”, presumió en su conferencia matutina el presidente, Andrés Manuel López Obradar, el so de febrero de 2020. Minutos después dio la palabra al fiscal Alejandro Gerta Manero para que entregara al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Indepj un cheque por 2 mil millones de pesos rescatados de un supuesto acto de corrupción. En esos momentos el cheque no tenia fondos ni podía entregarse legalmente al Indep, como se hizo simbólicamente en esa mañanera, ni al Infonavit, presunta víctima del acto de corrupción. Antes y después de “rescatar” esos 2 mil millones, la Fiscalía General de la República FGR ha perseguido a empresarios inmobiliarios, a quienes acusa de un supuesto fraude que no ha podido probar. La FGR obtuvo el dinero a base de presión y mediante un acuerdo reparatoria con los hermanos André y Max ElMann, accionistas de la empresa de bienes raíces Fibra Una, Los acusé} de participar -con los hermanos Rafael y Teófilo Zaga, dueños de Telra Realty, S.A.P.1. de C.V.- en un fraude al Infonavit, que los indemnizó con 5 mil 28 millones de pesos en 2018 por terminar anticipadamente varios contratos y convenios. Según los documentos revisados para este reportaje, tanto el contrato como la cancelación del mismo y la indemnización a Telra Realty fueran avalados por los máximos órganos de gobierno del Infonavit: la Asamblea General y el Consejo de Administración. El mismo instituto, víctima del supuesto arto de corrupción, no ha identificado responsabilidad contra “personas específicas” en el caso. Pese a ello, la FGR recibió los 2 mil millones de pesos como reparación del daño por un delito que las El Mann niegan haber cometido. Y sigue persiguiendo a los Zaga, a quienes ha intentado imputar delitos como defraudarán fiscal, lavado de dinero o delincuencia organizada en al menos tres investigaciones emprendidas_ En el camina, dos exfuncionarios del instituto y Teófilo Zaga han sida vinculados a proceso y encarcelados en el penal federal del Altiplano. rat para explicárselo: su empresa creada una plataforma digital mediante la cual los derechohabientes del Infonavit podrían vender, comprar, rentar o intercambiar sus casas a cambio de una comisión. A finales de 2012 el coordinador de asesores de Murat, Luis Rodolfo Argüelles Rabel , los presentó. Zaga le aseguró al hoy gobernador de Oaxaca que el Infonavit no pagaría ura centavo. Sus empresas rehabilitarían las viviendas abandonadas y desarrollarían y operarían la plataforma digital. La comisión la pagarían los propietarias de cada casa colocada_ En el Atlas del abandono de vivienda, publicado en 2014 y que tomaba coma referencia los 5 millones de casas deshabitadas contabilizadas en el censo de 2010, el Infonavit reconocía 229 mil viCuando Alejandro Murat asumió la dirección del Infunavit, en diciembre de 2012, el abandono de vivienda era un problema que la institución venía arrastrando desde haría dos sexenios. Para Rafael Zaga Tawil era una oportunidad de negocios que lo motivó a idear un plan que definió coma “el Uber de la vivienda”. El empresario buscó reunirse con Muviendas desocupadas yen franco deterioro, pero acotaba que “8 de cada tú viviendas desocupadas son viviendas abandonadas”: el equivalente a 4 millones de inmuebles. Para resolver el problema, Murat se decantó por una solución popular en aquellos tiempos: privatizar. Año y medie después, el “Uber de la vivienda” comenzaba a materializarse. El 9 de junio de 2014 el Infonavit suscribió un convenio mareo con Telra Realty, empresa que Rafael Zaga confirmó haber creado un mes antes exclusivamente para el proyecto con el Instituto. Firmado por José Octavio Tinajero Zenil, subdirector general jurídico, el convenio acordó una colaboración “exclusiva” entre Telra y á Infonavit para crear el Programa de Movilidad Hipotecaria PMH . El Infonavit crearía tres fideicomisos con los que Telra repararía las viviendas recuperadas, desarrollaría esquemas financieros para comercializarlas y una plataforma digital que facilitara la compraventa, renta e intercambio de los inmuebles. Además el instituto daba a la empresa acceso a diversas loases internas de datos. El Consejo de Administración aprobó el PMH en la sesión del 25 de febrero de 2015, a la que asistió Mural. Para administrar el programa, el órgano autorizó contratar a una empresa que, entre otros requisitos, tuviera experiencia en desarrollo de productos inmobiliarios, estructuras financieras y jurídicas, y aperara uno de los tres fideicomisos inmobiliarios con más activos en México. La empresa no tenía experiencia ni operaba fideicomiso alguno, pero Argüelles argumentó que “sus accionistas forman parte del grupo denominado e-Group, que es un conjunto de entidades mexicanas formadas por individuos y empresas, las cuales se encuentran verticalmente integradas y que se dedican a la adquisición, desarrollo, renta y operación de desarrollos inmobiliarios, cuyos fundadores son: Moisés ElMann Arazi, Rafael Zaga Tawil, André ElMann Arazi y Teófilo Zaga Tawil”, El Infonavit adjudicó a Telra cuatro contratos entre marzo. de 2015 y febrero de 2015. Uno de licencia de marcas, otro por los fideicomisos a crearse y la operación del PMH, el tercero por el desarrollo de la plataforma digital y el cuarto para desarrollar, implementar, operar y administrar el Programa Piloto de Regularización de Cartera. El mismo día, Luis Rodolfo Argu elles, quien había presentado a Zaga con Murat y ahora era subdirector general de Canales y Servicios del Infonavit, solicitó la contratación directa de Telra. La. LLEGAD& DE PETICITINA El 7 de marzo de 2016 David Penchyna rindió protesta ante la Asamblea General como director del Infonavit. Un año después argumentaría ante esa asamblea y el Consejo de Administración que los contrates que ambos órganos habían autorizado can Telra Realty eran ilegales, porque violaban el derecho de las trabajadores a una vivienda digna y creaban un monopolio privado de gestión de vivienda. Según Penchyna, al asumir la dirección del lnfonavit encontró que los documentos firmados por la Coordinación General Jurídica, de Octavio Tinajero, y la Subdirección General de Canales y Servicios, de Rodolfo Argilelles, incumplían lo aprobado por el Consejo de Administración y otorgaban excesivos privilegios ala firma. El Consejo de Administración había aprobado que Telra cobrara la comisión de 10% y aperara el programa exclusivamente cinco años, siempre y cuando la plataforma digital comenzara a operar “a más tardar nueve meses después de firmar el contrato ron Infonavit y realice al menos loa mil intercambios en los primeros 60 meses”. El convenio —del que este equipo tiene copia— muestra que una vez constituidos los fideicomisos, el Infonavit pagaría directamente a Telra 40% de precio de venta o renta de cada rasa colocada, 3o% del valor ele cada vivienda intercambiada y 30% de lo que recibiera per venta o renta. Según el equipo de Penchyna, un afro después de aprobada el PMH, Telra no comprobó que la plataforma informática funcionara, no se había creado el fideicomiso y había iniciado una campaña publicitaria aunque el programa no estaba listo para operan Rafael Zaga confirmó que la empresa gastó 160 millones de pesos entre una campaña de difusión, software e inteligencia, incluyendo “dos spots por 2 millones, uno de ellos con Adrián Uribe”. Penchyna también acusó que a petición de Tinajero Zenil se modificaron los convenios que dieron a Telra acceso total a las bases de datos del Infonavit; los documentos -comprobó este equipo- pasaron por el Comité de Transparencia y la Sulxlirección Jurídica del Infonavit_ Y aun cuando había avalado esos acuerdos, el Consejo de Administración recibió el informe y autorizó al director general seguir con las “acciones necesarias” para resolverlo y emprender acciones legales contra quien resultara responsable. Este equipo tuvo acceso al expediente del caso Telra-Infonavit. Los 22 Tomos más anexos incluyen la denuncia de la administración de Penchyna, pero también muchas otras por las que la FGR investiga a empresarios y funcionarios a quienes, hasta ahora, no ha probado delito alguno. En sus indagatorias nada se menciona sobre el papel del Consejo de Administración. En el informe 2012-2012, Penchyna reportó que su equipo sostuvo “múltiples pláticas” con Telra para renegariar el convenio y los contratos_ Pero no hubo respuesta favorable, acusó. *Integrantes del Taller de Ptddrilámo Jurídico de la maestría en periodismo del CIDE Despachos de cobranza, la estrategia de Penchyna Samoa ADAM i GuLusaira FLORES i TAIMA L. MONTALVO I JENNIFER GONZÁLEZ I NORMA MARTINE2 I FELIPE DE LAO LÓPEZ La estrategia de David Penchyna para reducir la cartera vencida del Infonavit fue priorizar la recuperación de viviendas vía cobranza administrativa. la de Penchyna resultó una estrategia fallida: en 2016, su primer año como director, el Infonavit recuperó 16 mil 973 viviendas de más de 50 mil que tenía proyectadas. Al año siguiente preveía rescatar 48 mil 3.05 casas, pero sólo logró una quinta parte: 9 mil 152. En 2018 recuperé 11 mil 514 viviendas, cuando lo trazado eran 53 mil 355. La cartera vencida del Infonavit no sólo no disminuyó, sino que siguió aumentando. Cuando comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cartera vencida del instinto apenas superaba los 59 millones de pesos. Para 2018, último año del priista Según respondió el instituto a una solicitud de información realizada para este reportaje, durante su administración, entre 2016 y 2012, la institución pagó 17 mil 112 millones de pesos a despachos de cobranza por concepto de recuperación de vivienda. Ese monto contrasta con los 2 mil 621.5 millones de pesos que pagó entre 2019 y junio de 2O21, ya en la gestión de Carlos Martínez: 55% menos. Las datos del Infonavit muestran que en la Presidencia y de Penchyna en el Infonavit, rebasó los 106.6 millones. Y en lo que va del sexenio de López Obrador ha crecido más del doble, hasta alcanzar 272.6 millones de pesos en 2021. En total, durante el periodo 2014-2021 el Infonavit ha desembolsado más de 27 mil 723 millones de pesos en pagos a despaches de cobranza. Esa cantidad supera el presupuesto total ejercida en 2020 por estados como Zacatecas, Campeche, Yucatán o Quintana Roo. Esa cláusula buscaba incentivar que las firmas apresuraran los procesas, pero en la práctica propició un entramada de corrupción que involucraba a personal del Infonavit, despachos de cobranza, notarios, jueces, magistrados y otros miembros del Poder judicial de Nayarit y Coahuila. De acuerdo con las contratos con los despachos de cobranza, su pago dependía de los avances en los juicios para recuperar las viviendas. Carlos Martínez, actual director del instituto, ha declarado que el fraude pudo haber afectada entre 60 mil y 130 mil derechohabientes. Los primeros casos de fraude a acreditados de Ciudad Juárez se hicieron panros en enero de 2017, aún con Penchyna al frente del Infonavit. Mediante juicios masivos alejadas del debida proceso, autoridades judiciales locales de Nayarit y Coahuila les quitaban la propiedad de sus viviendas y se las devolvían al instituto. Actualmente seis jueces y 12 secretarios de acuerdo del Poder Judicial de Coahuila están suspendidos y vinculados a proceso. Lo mismo el oficial de Partes del Centro de Justicia de Torreón, que asignaba la mayoría de los casas relacionados con recuperación de viviendas a los jueces hoy suspendidos. Al magistrado en retiro Jesús Gerardo Sotomayor Garza se le relacionó con el escándalo, pero no se le ha vinculado con el proceso. En 2015, el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, cercano a Penchyna, logró la aprobación de una iniciativa que eliminaba la edad límite de 70 años para ser magistrado del Poder Judicial, lo que permitió a Sotomayor seguir en el cargo hasta 2019, rebasada esa edad. En Nayarit, el exmagistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Pedro Enrique Soto, permanece en prisión, procesado por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración, falsificación de documentos y fraude, todos en perjuicio de los derechohabientes del Infonavit.
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DESTAPAN EN TRIBUNALES PAGO DE FAMILIA EL MANN
De acuerdo a una nota informativa del fallido caso de Movilidad Hipotecaria del Infonavit en el que están relacionados los Zaga Tawil y los El Mann Arazi, se afirma que la verdadera historia detrás del pagó de 2 Mil Millones de pesos que hicieron los hermanos Moisés, Max y André El mann Arazi al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado es la siguiente:
Afirman, qué a finales de 2019, el SAT, que dirige Raquel Buenrostro, y la UIF, hoy a cargo de Pablo Gómez; tenía sendos expedientes en contra de los hermanos El Mann y de su cuñado Elías Sacal Micha, principales accionistas y miembros del comité técnico de Fibra Uno, mejor conocida como FUNO. Resulta que entre 2017 y 2019 ordeñaron la módica cantidad de 3 mil 315 millones de pesos a dicho fideicomiso, a través de la ya conocida y trillada estrategia de evasión fiscal de Asimilados a Salarios. Según dicen, la estrategia fue creada y bendecida por el sobrino de André El Mann, que es Daniel Sandoval Jafif, también viejo conocido por el SAT; quien además fungió como el Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas durante la administración del Gobernador Manuel Velasco Coello.
De la investigación, se desprende que los Hermanos El Mann Arazi y su cuñado Elías Sacal Micha, en 2017, cobraron indebidamente a través de esta figura, 664 millones de pesos; en 2018 mil 20 millones y para cerrar con broche de oro, en el 2019, mil 631 millones de pesos.
Fuentes oficiales, confirman que los Hermanos El Mann aceptaron pagar los impuestos omitidos sin necesidad de litigio, a cambio de que el acuerdo fuera privado y confidencial; ya que de lo contrario se podría afectar gravemente el futuro de FUNO, el fideicomiso de bienes raíces más grande de México.
Los El Mann, de acuerdo a las fuentes, falsamente difundieron en los medios de comunicación, que el pago de los 2 mil millones de pesos, entregados por el Fiscal General de la Republica al INDEP en la mañanera del 10 de febrero del 2020, provenían de la empresa Telra Realty.
Además, en enero se va a cumplir un año de que la CNBV emitiera una opinión de delito en contra de Moisés, André y Max EI-Mann Arazi, así como Fibra Uno (FUNO); porque omitieron revelar información relevante para el público inversionista a través de la BMV. Está pendiente la investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que encabeza Carlos Romero Aranda.
También las fuentes de Rafael Zaga Tawil, señalan que el Director General de Fibra UNO, André El Mann Arazi, promovió un amparo con el expediente 1043/2021 en el Juzgado Doce de Distrito en Material Civil en la CDMX para buscar frenar las medidas cautelares interpuestas por un Juez en la CDMX en contra de su hermano Moisés El Mann Arazi, Presidente de FUNO, y él. Sin embargo, un Juez Federal les negó la suspensión lo que representa un fuerte golpe contra ellos y la emisora, esto de acuerdo al link del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal así como el resolutivo completo, que compartieron al medio. Todo es debido a la demanda interpuesta por Banco Actinver, División Fiduciaria, como fiduciaria del Fideicomiso F/3201 del mismo Zaga Tawil por la indebida disposición de recursos equivalente a mil millones de pesos; en contra de ambos directivos así como contra el Banco Ve por Más, de Antonio del Valle. Aunque, la otra parte, FUNO emitió un Evento Relevante el día de ayer (16 de diciembre) donde asegura que las medidas cautelares fueron SUSPENDIDAS en su totalidad.
Las medidas cautelares en contra de los hermanos El Mann Arazi que consisten en el embargo de bienes hasta por la cantidad de 1 mil millones de pesos y el congelamiento de sus cuentas a través de la CNBV, de Juan Pablo Graf. Y lo más contundente, es el congelamiento de los derechos corporativos y patrimoniales que sean titularidad de ambos en FUNO. Pero además, se ordena a los empresarios para que se abstengan de gravar, disponer, transferir y/o por cualquier otro medio dilapidar los certificados bursátiles de la Fibra que son de su titularidad.
Y también el juez, en sus calidades de Director General y Presidente de FUNO, tienen que publicar un Evento Relevante de dicha emisora en la BMV, de José Oriol Bosch, para informar sobre el contenido de la demanda que dio origen al Juicio. El pasado viernes 10 de diciembre emitieron un comunicado informando sobre hostilidades de un «señor Zaga», que previamente ha sido socio de ellos en varios negocios. Por lo que está pendiente que den a conocer los motivos de la denuncia.
De forma adicional, se les suspende de forma inmediata de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido ante BX+, en el que justamente estaban relacionados con Zaga Tawil.
Este conflicto apenas inicia.
2,000 millones de pesos ofrecidos por los hermanos André, Max y Moussa El-Mann Arazi.
Las apariciones en público de Alejandro Gertz Manero, en estos tres primeros años del sexenio, han sido escasas. De la presentación más reciente del fiscal general en la República en la conferencia mañanera han pasado 18 meses.
Faltaban dos semanas para la declaratoria formal de la contingencia sanitaria por la pandemia. El gobierno federal había emprendido acciones enérgicas para castigar abusos de los poderosos que contaron con la connivencia de la alta burocracia peñista y devolver al pueblo lo robado por los corruptos.
Dos días antes de la captura de Emilio Lozoya, Gertz Manero acudió al salón tesorería del Palacio Nacional para entregar al Ejecutivo federal dos cheques —por 2,000 millones de pesos— ofrecidos por los hermanos André, Max y Moussa El-Mann Arazi.
Entonces no se sabía que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había solicitado congelar las cuentas bancarias de los accionistas principales de Fibra Uno, dentro de la indagatoria por el pago hecho por el Infonavit, a mediados del 2018, de 5,088 millones a la empresa Terla Realty, como indemnización por la cancelación del programa Movilidad Hipotecaria.
Un programa ideado en la administración de Alejandro Murat que canceló su sucesor, David Penchyna Grub, quien prefirió evitar una controversia judicial… y de paso, salvaguardar la propiedad intelectual del Infonavit. A un costo exorbitante.
La administración lopezobradorista había determinado, desde la transición, recuperar lo que el consejo de administración encabezado por Penchyna pagó, por presuntos daños y perjuicios. Cuando Carlos Martínez Velázquez tomó las riendas del Instituto, los abogados ya habían acudido a la FGR para solicitar la acción de la justicia, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 8 de febrero del 2018, los representantes legales del Instituto ratificaron la denuncia, aunque solicitaron que fueran agotados los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
Y es que una semana antes, los hermanos El-Mann Arazi ofrecieron un acuerdo reparatorio. Estaban implicados porque una parte de la indemnización a Terla transferida a un fideicomiso 366 del Banco Ve por Más, bajo su administración.
El 20 de febrero, a través de un escrito presentado por su representante legal, negaron tener responsabilidad penal alguna en los hechos y reiteraron su oferta de dar por concluida la controversia, previa devolución de 2,000 millones de pesos a la FGR. Ese día, en calidad de imputados, comparecieron Max y André El-Mann Arazi y solicitaron la aplicación del criterio de oportunidad. En caso de haber causado un daño a la Federación por las conductas en las que indirectamente participaron, sostuvieron, este quedaría reparado con la entrega de dos cheques de caja, cada uno por 1,000 millones de pesos, de BBVA Bancomer.
El 20 de septiembre de ese año, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal y dos meses después, el apoderado legal del Instituto, Jesús Vázquez Bibian, impugnó esa determinación. Finalmente, la jueza radicó la causa —bajo el expediente 752018— y ordenó una investigación más exhaustiva sobre la acusación.
En noviembre del 2020, la FGR, a cargo de Alejandro Hertz Manero, le solicitó a la CNBV una opinión de delito sobre si los principales accionistas de FUNO, los hermanos El-Mann Arazi debieron o no reportar como hecho relevante a las bolsas de valores. La respuesta llegó el 25 de enero del 2021.
Y es que, dictaminó el organismo regulador, al no informar sobre el bloqueo de sus cuentas, su comparecencia ante el ministerio público y el acuerdo reparatorio, incurrieron en una violación a la fracción II del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores.
La investigación contra los hermanos Zaga Tawil sigue abierta. Y también está pendiente la actuación de la Procuraduría Fiscal de la Federación.