Alarma a cancunenses la presencia de la guardia nacional en Hotel Four Points

Las apariciones en público de Alejandro Gertz Manero, en estos tres primeros años del sexenio, han sido escasas. De la presentación más reciente del fiscal general en la República en la conferencia mañanera han pasado 18 meses.

Faltaban dos semanas para la declaratoria formal de la contingencia sanitaria por la pandemia. El gobierno federal había emprendido acciones enérgicas para castigar abusos de los poderosos que contaron con la connivencia de la alta burocracia peñista y devolver al pueblo lo robado por los corruptos.

Dos días antes de la captura de Emilio Lozoya, Gertz Manero acudió al salón tesorería del Palacio Nacional para entregar al Ejecutivo federal dos cheques —por 2,000 millones de pesos— ofrecidos por los hermanos André, Max y Moussa El-Mann Arazi.

Entonces no se sabía que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había solicitado congelar las cuentas bancarias de los accionistas principales de Fibra Uno, dentro de la indagatoria por el pago hecho por el Infonavit, a mediados del 2018, de 5,088 millones a la empresa Terla Realty, como indemnización por la cancelación del programa Movilidad Hipotecaria.

Un programa ideado en la administración de Alejandro Murat que canceló su sucesor, David Penchyna Grub, quien prefirió evitar una controversia judicial… y de paso, salvaguardar la propiedad intelectual del Infonavit. A un costo exorbitante.

La administración lopezobradorista había determinado, desde la transición, recuperar lo que el consejo de administración encabezado por Penchyna pagó, por presuntos daños y perjuicios. Cuando Carlos Martínez Velázquez tomó las riendas del Instituto, los abogados ya habían acudido a la FGR para solicitar la acción de la justicia, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 8 de febrero del 2018, los representantes legales del Instituto ratificaron la denuncia, aunque solicitaron que fueran agotados los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Y es que una semana antes, los hermanos El-Mann Arazi ofrecieron un acuerdo reparatorio. Estaban implicados porque una parte de la indemnización a Terla transferida a un fideicomiso 366 del Banco Ve por Más, bajo su administración.

El 20 de febrero, a través de un escrito presentado por su representante legal, negaron tener responsabilidad penal alguna en los hechos y reiteraron su oferta de dar por concluida la controversia, previa devolución de 2,000 millones de pesos a la FGR. Ese día, en calidad de imputados, comparecieron Max y André El-Mann Arazi y solicitaron la aplicación del criterio de oportunidad. En caso de haber causado un daño a la Federación por las conductas en las que indirectamente participaron, sostuvieron, este quedaría reparado con la entrega de dos cheques de caja, cada uno por 1,000 millones de pesos, de BBVA Bancomer.

El 20 de septiembre de ese año, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal y dos meses después, el apoderado legal del Instituto, Jesús Vázquez Bibian, impugnó esa determinación. Finalmente, la jueza radicó la causa —bajo el expediente 752018— y ordenó una investigación más exhaustiva sobre la acusación.

En noviembre del 2020, la FGR, a cargo de Alejandro Hertz Manero, le solicitó a la CNBV una opinión de delito sobre si los principales accionistas de FUNO, los hermanos El-Mann Arazi debieron o no reportar como hecho relevante a las bolsas de valores. La respuesta llegó el 25 de enero del 2021.

Y es que, dictaminó el organismo regulador, al no informar sobre el bloqueo de sus cuentas, su comparecencia ante el ministerio público y el acuerdo reparatorio, incurrieron en una violación a la fracción II del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores.

La investigación contra los hermanos Zaga Tawil sigue abierta. Y también está pendiente la actuación de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Desde 2013, los hermanos André y Max El Mann Arazi, dueños del mayor fideicomiso de inversión inmobiliaria en México, presumiblemente ingresaron recursos ilícitos al sistema financiero y ocultaron sus ingresos reales al fisco, revela una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada desde marzo de 2020.

Sin un aparente sustento en actividades de comercio exterior, los dueños de Fibra Uno recibieron y enviaron cantidades millonarias de recursos del extranjero, las cuales no reportaron debidamente.

Como apoderado legal de varias empresas, André El Mann sumó mil 156 transferencias internacionales del 8 de julio de 2013 al 30 de diciembre de 2019 por 49.7 millones de dólares, 2.4 millones de euros y 6 mil 525.9 millones de pesos.

El dinero fue transferido a Estados Unidos, España, Israel, Reino Unido, Canadá, Suiza, Singapur, Hong Kong, Panamá, Eslovaquia, Perú, Alemania, Belice, Dominicana, Colombia, El Salvador, Francia y Guatemala.

En otro bloque de operaciones entre el 17 de octubre de 2013 y el 4 de noviembre de 2019, la UIF encontró otras 45 transferencias de André El Mann por 843 mil 801 euros y 41 millones 436 mil 540 pesos a EU, España, Japón, Israel y Reino Unido.

Adicionalmente recibió 2 millones 45 mil pesos de Alemania y la Unión Americana entre el 26 de febrero de 2018 y el 16 de diciembre de 2019.

Debido a que no justificó esas operaciones, la denuncia de la UIF, firmada por su entonces titular Santiago Nieto, las clasificó como inusuales, pues además algunas fueron realizadas en países considerados paraísos fiscales o con regímenes fiscales preferentes.

“Es muy probable que hayan sido enviados a esas naciones con el fin de que no puedan ser fiscalizados por las autoridades nacionales o cuestionadas por su falta de licitud”, se advirtió en la denuncia que fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

También a su hermano Max El Mann, la UIF le encontró que de 2015 a 2019 hizo 20 transferencias internacionales -18 de ellas a Estados Unidos-, por 103.9 millones de pesos.

El dinero ingresó a cuentas del The Northern Trust Company, Bank of New York Mellon, Wells Fargo Bank, Sabadell United Bank, Regions Bank, Banco de Créditodel Perú, HSBC Private Bank, Citibank NA y Banco Inbursa.

En 2018 envió a cuentas propias 22.8 millones de pesos y entre ese año y el siguiente recibió transferencias desde Alemania por 1.5 millones de pesos sin que se haya registrado el nombre de la persona que ordenó la cantidad a favor de Max El Mann.

Como representante legal de siete empresas, Max también envió 39 millones 46 mil dólares y 9 millones 51 mil pesos a EU y Emiratos Árabes.

Y como representante legal de Fideicomiso Fibra Uno recibió 15 transferencias internacionales por 2.9 millones de dólares.

“Telra Realty, Zarys, EAIS Group, Grupo Inmobiliario Telra, Rafael Zaga Tawil, Teófilo Zaga Tawil, Max El Mann Arazi y André El Mann Arazi registraron ante el fisco ingresos totales, acumulables y deducciones diferentes a lo reflejado en sus perfiles comerciales y financieros, además de que en algunos ejercicios realizaron declaraciones anuales en ceros, y pérdidas fiscales en casi todos sus ejercicios fiscales, hechos que resultan completamente ilógicos e inconsistentes”, expuso la UIF.

André El Mann, precisa la investigación, declaró ingresos acumulables de 3 mil 209 millones de pesos entre 2012 y 2018, pero por declaraciones de terceros contribuyentes se estableció que sólo de 2013 a 2018 percibió 4 mil 470.4 millones de pesos por sueldos y salarios, enajenación de bienes, arrendamientos, dividendos y intereses.

Ambos hermanos, junto con sus ex socios Rafael y Teófilo Zaga Tawil, y las empresas Zatys, EAIS Group y Telra enfrentaron procesos penales por recibir una indemnización ilegal de 5 mil 88 millones de pesos del Infonavit.

Uno de los Zaga está en la cárcel y el otro es prófugo de la justicia por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; ambos, además, son indagados por una presunta defraudación fiscal de más de 808 millones de pesos, el segundo caso judicial más cuantioso de impuestos omitidos en los últimos 25 años.

Los El Mann, por el contrario, hasta ahora no han tenido problema alguno porque se acogieron a un criterio de oportunidad ante la FGR y ofrecieron reparar un daño de 2 mil millones de pesos que les significó la inmunidad penal.

Sin embargo, los cuatro ex socios y sus empresas fueron incluidos en la denuncia de la UIF.

“Se advirtió que estos no han dado cabal cumplimiento a sus obligaciones tributarias, puesto que presentaron sus declaraciones anuales con ingresos muy por debajo de los que registraron en su información financiera y empresarial, omitiendo informar a la autoridad sus ingresos reales, inversiones, gastos, transacciones internacionales, así como tampoco los pagos correspondientes a los impuestos federales que debían cubrir como parte de sus actividades comerciales”, se informó.