Acusan panistas: desaseo, corrupción y derrotismo de Marko Cortés Después de Duarte y Yunes… todo sigue igual Caso Telra-Infonavit: Todo el rigor de la FGR por una alegada trama de corrupción Comparecieran ante el Senado aspirantes a la SCJN; hablan de aborto y ofrecen independencia 5 6 CON INFORMACIÓN DE 4 Caso Telra-Infonavit: Todo el rigor de la FGR por una alegada trama de corrupción codo SAMUEL ADÁN I GUILLERMO FLORES I TANTA L. MONTALVO JEILNIFIR GOT42.41.EZ I NORMA MAPTINEZ I FELIPE DE LA O L0PEr “Estamos ante el terrena de lo inédito: nunca se había recuperado tanto dinero”, presumió en su conferencia matutina el presidente, Andrés Manuel López Obradar, el so de febrero de 2020. Minutos después dio la palabra al fiscal Alejandro Gerta Manero para que entregara al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Indepj un cheque por 2 mil millones de pesos rescatados de un supuesto acto de corrupción. En esos momentos el cheque no tenia fondos ni podía entregarse legalmente al Indep, como se hizo simbólicamente en esa mañanera, ni al Infonavit, presunta víctima del acto de corrupción. Antes y después de “rescatar” esos 2 mil millones, la Fiscalía General de la República FGR ha perseguido a empresarios inmobiliarios, a quienes acusa de un supuesto fraude que no ha podido probar. La FGR obtuvo el dinero a base de presión y mediante un acuerdo reparatoria con los hermanos André y Max ElMann, accionistas de la empresa de bienes raíces Fibra Una, Los acusé} de participar -con los hermanos Rafael y Teófilo Zaga, dueños de Telra Realty, S.A.P.1. de C.V.- en un fraude al Infonavit, que los indemnizó con 5 mil 28 millones de pesos en 2018 por terminar anticipadamente varios contratos y convenios. Según los documentos revisados para este reportaje, tanto el contrato como la cancelación del mismo y la indemnización a Telra Realty fueran avalados por los máximos órganos de gobierno del Infonavit: la Asamblea General y el Consejo de Administración. El mismo instituto, víctima del supuesto arto de corrupción, no ha identificado responsabilidad contra “personas específicas” en el caso. Pese a ello, la FGR recibió los 2 mil millones de pesos como reparación del daño por un delito que las El Mann niegan haber cometido. Y sigue persiguiendo a los Zaga, a quienes ha intentado imputar delitos como defraudarán fiscal, lavado de dinero o delincuencia organizada en al menos tres investigaciones emprendidas_ En el camina, dos exfuncionarios del instituto y Teófilo Zaga han sida vinculados a proceso y encarcelados en el penal federal del Altiplano. rat para explicárselo: su empresa creada una plataforma digital mediante la cual los derechohabientes del Infonavit podrían vender, comprar, rentar o intercambiar sus casas a cambio de una comisión. A finales de 2012 el coordinador de asesores de Murat, Luis Rodolfo Argüelles Rabel , los presentó. Zaga le aseguró al hoy gobernador de Oaxaca que el Infonavit no pagaría ura centavo. Sus empresas rehabilitarían las viviendas abandonadas y desarrollarían y operarían la plataforma digital. La comisión la pagarían los propietarias de cada casa colocada_ En el Atlas del abandono de vivienda, publicado en 2014 y que tomaba coma referencia los 5 millones de casas deshabitadas contabilizadas en el censo de 2010, el Infonavit reconocía 229 mil viCuando Alejandro Murat asumió la dirección del Infunavit, en diciembre de 2012, el abandono de vivienda era un problema que la institución venía arrastrando desde haría dos sexenios. Para Rafael Zaga Tawil era una oportunidad de negocios que lo motivó a idear un plan que definió coma “el Uber de la vivienda”. El empresario buscó reunirse con Muviendas desocupadas yen franco deterioro, pero acotaba que “8 de cada tú viviendas desocupadas son viviendas abandonadas”: el equivalente a 4 millones de inmuebles. Para resolver el problema, Murat se decantó por una solución popular en aquellos tiempos: privatizar. Año y medie después, el “Uber de la vivienda” comenzaba a materializarse. El 9 de junio de 2014 el Infonavit suscribió un convenio mareo con Telra Realty, empresa que Rafael Zaga confirmó haber creado un mes antes exclusivamente para el proyecto con el Instituto. Firmado por José Octavio Tinajero Zenil, subdirector general jurídico, el convenio acordó una colaboración “exclusiva” entre Telra y á Infonavit para crear el Programa de Movilidad Hipotecaria PMH . El Infonavit crearía tres fideicomisos con los que Telra repararía las viviendas recuperadas, desarrollaría esquemas financieros para comercializarlas y una plataforma digital que facilitara la compraventa, renta e intercambio de los inmuebles. Además el instituto daba a la empresa acceso a diversas loases internas de datos. El Consejo de Administración aprobó el PMH en la sesión del 25 de febrero de 2015, a la que asistió Mural. Para administrar el programa, el órgano autorizó contratar a una empresa que, entre otros requisitos, tuviera experiencia en desarrollo de productos inmobiliarios, estructuras financieras y jurídicas, y aperara uno de los tres fideicomisos inmobiliarios con más activos en México. La empresa no tenía experiencia ni operaba fideicomiso alguno, pero Argüelles argumentó que “sus accionistas forman parte del grupo denominado e-Group, que es un conjunto de entidades mexicanas formadas por individuos y empresas, las cuales se encuentran verticalmente integradas y que se dedican a la adquisición, desarrollo, renta y operación de desarrollos inmobiliarios, cuyos fundadores son: Moisés ElMann Arazi, Rafael Zaga Tawil, André ElMann Arazi y Teófilo Zaga Tawil”, El Infonavit adjudicó a Telra cuatro contratos entre marzo. de 2015 y febrero de 2015. Uno de licencia de marcas, otro por los fideicomisos a crearse y la operación del PMH, el tercero por el desarrollo de la plataforma digital y el cuarto para desarrollar, implementar, operar y administrar el Programa Piloto de Regularización de Cartera. El mismo día, Luis Rodolfo Argu elles, quien había presentado a Zaga con Murat y ahora era subdirector general de Canales y Servicios del Infonavit, solicitó la contratación directa de Telra. La. LLEGAD& DE PETICITINA El 7 de marzo de 2016 David Penchyna rindió protesta ante la Asamblea General como director del Infonavit. Un año después argumentaría ante esa asamblea y el Consejo de Administración que los contrates que ambos órganos habían autorizado can Telra Realty eran ilegales, porque violaban el derecho de las trabajadores a una vivienda digna y creaban un monopolio privado de gestión de vivienda. Según Penchyna, al asumir la dirección del lnfonavit encontró que los documentos firmados por la Coordinación General Jurídica, de Octavio Tinajero, y la Subdirección General de Canales y Servicios, de Rodolfo Argilelles, incumplían lo aprobado por el Consejo de Administración y otorgaban excesivos privilegios ala firma. El Consejo de Administración había aprobado que Telra cobrara la comisión de 10% y aperara el programa exclusivamente cinco años, siempre y cuando la plataforma digital comenzara a operar “a más tardar nueve meses después de firmar el contrato ron Infonavit y realice al menos loa mil intercambios en los primeros 60 meses”. El convenio —del que este equipo tiene copia— muestra que una vez constituidos los fideicomisos, el Infonavit pagaría directamente a Telra 40% de precio de venta o renta de cada rasa colocada, 3o% del valor ele cada vivienda intercambiada y 30% de lo que recibiera per venta o renta. Según el equipo de Penchyna, un afro después de aprobada el PMH, Telra no comprobó que la plataforma informática funcionara, no se había creado el fideicomiso y había iniciado una campaña publicitaria aunque el programa no estaba listo para operan Rafael Zaga confirmó que la empresa gastó 160 millones de pesos entre una campaña de difusión, software e inteligencia, incluyendo “dos spots por 2 millones, uno de ellos con Adrián Uribe”. Penchyna también acusó que a petición de Tinajero Zenil se modificaron los convenios que dieron a Telra acceso total a las bases de datos del Infonavit; los documentos -comprobó este equipo- pasaron por el Comité de Transparencia y la Sulxlirección Jurídica del Infonavit_ Y aun cuando había avalado esos acuerdos, el Consejo de Administración recibió el informe y autorizó al director general seguir con las “acciones necesarias” para resolverlo y emprender acciones legales contra quien resultara responsable. Este equipo tuvo acceso al expediente del caso Telra-Infonavit. Los 22 Tomos más anexos incluyen la denuncia de la administración de Penchyna, pero también muchas otras por las que la FGR investiga a empresarios y funcionarios a quienes, hasta ahora, no ha probado delito alguno. En sus indagatorias nada se menciona sobre el papel del Consejo de Administración. En el informe 2012-2012, Penchyna reportó que su equipo sostuvo “múltiples pláticas” con Telra para renegariar el convenio y los contratos_ Pero no hubo respuesta favorable, acusó. *Integrantes del Taller de Ptddrilámo Jurídico de la maestría en periodismo del CIDE Despachos de cobranza, la estrategia de Penchyna Samoa ADAM i GuLusaira FLORES i TAIMA L. MONTALVO I JENNIFER GONZÁLEZ I NORMA MARTINE2 I FELIPE DE LAO LÓPEZ La estrategia de David Penchyna para reducir la cartera vencida del Infonavit fue priorizar la recuperación de viviendas vía cobranza administrativa. la de Penchyna resultó una estrategia fallida: en 2016, su primer año como director, el Infonavit recuperó 16 mil 973 viviendas de más de 50 mil que tenía proyectadas. Al año siguiente preveía rescatar 48 mil 3.05 casas, pero sólo logró una quinta parte: 9 mil 152. En 2018 recuperé 11 mil 514 viviendas, cuando lo trazado eran 53 mil 355. La cartera vencida del Infonavit no sólo no disminuyó, sino que siguió aumentando. Cuando comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cartera vencida del instinto apenas superaba los 59 millones de pesos. Para 2018, último año del priista Según respondió el instituto a una solicitud de información realizada para este reportaje, durante su administración, entre 2016 y 2012, la institución pagó 17 mil 112 millones de pesos a despachos de cobranza por concepto de recuperación de vivienda. Ese monto contrasta con los 2 mil 621.5 millones de pesos que pagó entre 2019 y junio de 2O21, ya en la gestión de Carlos Martínez: 55% menos. Las datos del Infonavit muestran que en la Presidencia y de Penchyna en el Infonavit, rebasó los 106.6 millones. Y en lo que va del sexenio de López Obrador ha crecido más del doble, hasta alcanzar 272.6 millones de pesos en 2021. En total, durante el periodo 2014-2021 el Infonavit ha desembolsado más de 27 mil 723 millones de pesos en pagos a despaches de cobranza. Esa cantidad supera el presupuesto total ejercida en 2020 por estados como Zacatecas, Campeche, Yucatán o Quintana Roo. Esa cláusula buscaba incentivar que las firmas apresuraran los procesas, pero en la práctica propició un entramada de corrupción que involucraba a personal del Infonavit, despachos de cobranza, notarios, jueces, magistrados y otros miembros del Poder judicial de Nayarit y Coahuila. De acuerdo con las contratos con los despachos de cobranza, su pago dependía de los avances en los juicios para recuperar las viviendas. Carlos Martínez, actual director del instituto, ha declarado que el fraude pudo haber afectada entre 60 mil y 130 mil derechohabientes. Los primeros casos de fraude a acreditados de Ciudad Juárez se hicieron panros en enero de 2017, aún con Penchyna al frente del Infonavit. Mediante juicios masivos alejadas del debida proceso, autoridades judiciales locales de Nayarit y Coahuila les quitaban la propiedad de sus viviendas y se las devolvían al instituto. Actualmente seis jueces y 12 secretarios de acuerdo del Poder Judicial de Coahuila están suspendidos y vinculados a proceso. Lo mismo el oficial de Partes del Centro de Justicia de Torreón, que asignaba la mayoría de los casas relacionados con recuperación de viviendas a los jueces hoy suspendidos. Al magistrado en retiro Jesús Gerardo Sotomayor Garza se le relacionó con el escándalo, pero no se le ha vinculado con el proceso. En 2015, el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, cercano a Penchyna, logró la aprobación de una iniciativa que eliminaba la edad límite de 70 años para ser magistrado del Poder Judicial, lo que permitió a Sotomayor seguir en el cargo hasta 2019, rebasada esa edad. En Nayarit, el exmagistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Pedro Enrique Soto, permanece en prisión, procesado por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración, falsificación de documentos y fraude, todos en perjuicio de los derechohabientes del Infonavit.
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Alarma a cancunenses la presencia de la guardia nacional en Hotel Four Points
La presencia de la Guardia nacional y fuerzas abiertamente armadas de seguridad privada alertaron durante la supuesta celebración de una asamblea de accionistas convocada en el hotel Four Points Cancún localizado sobre la Av.Tulum.
Se trata de asambleas de accionistas de las sociedades Desarrolladora Inmobiliaria Hotelera Playa Mujeres, SAPI de CV y Desarrolladora Inmobiliaria Comercial Marina Blanca, SAPI de CV, propietarias de cierto desarrollo vacacional en la zona de Playa Mujeres, en Quintana Roo.
Al parecer los hermanos El Mann Arazi – involucrados en el reciente escándalo del Infonavit – tienen particular interés en hacerse de ese desarrollo vacacional pues hicieron uso de sus contactos del más alto nivel para conseguir que la propia Guardia Nacional estuviera presente para impedir a los legítimos accionistas de las sociedades, participar en la asamblea convocada este 8 de septiembre.
Llama la atención la presencia del señor Jacobo Bazbaz Sacal – hermano de Alberto Bazbaz Sacal, quien fuera director de la Unidad de Inteligencia Financiera y del CISEN con Enrique Peña Nieto – quien participó activamente para impedir la entrada de algunos de los accionistas a las asambleas.
Rafael Zaga Tawil, demandó ante el Juzgado Cuarto Civil de la CdMx a los hermanos Moisés y André El-Man
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ de los tres países de Norteamérica no está preparada para la nueva revolución tecnológica derivada de la iniciativa Build Back Better.
Ésta contempla, sobre todo, estímulos fiscales del gobierno de Estados Unidos para la compra de vehículos eléctricos fabricados mayoritariamente con componentes de ese país.
Los gobiernos de Canadá y México y senadores estadounidenses dicen que si el gobierno de Joe Biden se empeña en aprobar hoy lunes en el Congreso, el T-MEC, la integración comercial estaría “herida de muerte”.
Un grupo relevante de senadores demócratas y republicanos están en contra de la iniciativa de otorgar incentivos de entre 7 mil 500 y 12 mil 500 dólares para la compra de autos eléctricos, porque consideran que es una medida proteccionista para obligar a las armadoras a fabricar los motores en Estados Unidos y no en los otros países.
Esta medida dejaría en desventaja a plantas productivas no solo en la región del T-MEC, sino también de la Unión Europea.
Por su parte, las cadenas de suministro y las plantas armadoras de Canadá, Estados Unidos y México no están preparadas todavía para hacer el cambio de tecnología “por decreto de la Casa Blanca”.
Menos sin consultar a la industria y hacer un estudio del impacto económico y social de esta medida, porque se sabe implicaría un déficit gubernamental de unos tres billones de dólares.
La regla de origen actual exige hasta un 64% de contenido regional, pero la propuesta Build Back Better significa romper cadenas productivas importantes y crear una desventaja artificial a países como México y Canadá.
Gobiernos, industria y consumidores en los tres países están de acuerdo en que se debe transitar a energías limpias, pero el cambio debe ser planeado y concertado para no provocar una pérdida de hasta 25% de la inversión y el empleo en la región, particularmente en México.
El gobierno de Justin Trudeau está en contra de esta iniciativa y ha anunciado que podría suspender el T-MEC si el Senado estadounidense aprueba la nueva ley.
“La propuesta es una amenaza significativa para la industria automotriz canadiense y es una derogación de facto del T-MEC”, dijeron en una carta dirigida a líderes demócratas y republicanos, la viceprimera ministra canadiense y la ministra de Comercio, Chrystia Freeland y Mary Ng, respectivamente.
El presidente Biden es el principal impulsor de la iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes con 220 votos a favor y 213 en contra.
La votación de hoy en el Senado representa una decisión o un rechazo del libre comercio y de la integración en Norteamérica.
EN DÍAS RECIENTES Fabiola Gómez Flores, perito en grafoscopía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, determinó que la firma que aparece al calce del testamento de Socorro Romero Sánchez es falsa. Recordará que en torno a ese testamento existe una disputa familiar por más de 600 millones de dólares. La presunta heredera, Estela Romero, madre de los presuntos albaceas, Alfonso y Miguel Ángel Celis, ha caído en el error de confundir una estrategia legal con el creerse sus propias mentiras. En diversos medios han sostenido que el testamento de Socorro Romero es válido. Es de todos conocido que el testamento es falso, no solo por la firma apócrifa, sino por las extrañas circunstancias en que se otorgó. Basta recordar que fue realizado en circunstancias sumamente extrañas, un día antes de fallecer, cuando del acta de defunción se desprende que Socorro había fallecido por tres días de falla orgánica múltiple, además de las declaraciones del doctor Guillermo Ulises González Hernández, médico que la atendió en el lecho de muerte, quien dijo que llevaba diez días completamente sedada. A lo anterior habrá que sumarse las investigaciones en curso en contra de los notarios públicos de Tehuacán, Puebla, Rodrigo Ramírez Maclub y José Luis Salgado Vázquez, quienes en contubernio se prestaron como fedetarios para que los hermanos Celis pudieran perfeccionar su fraude, incluyendo además investigaciones de orden criminal en contra de aquellos quienes falsamente testificaron de la capacidad de la testadora. Estamos hablando de Efrén Marcos Tlapango Garmendia, Noel Montes de Oca y Lauro Cid Pineda.
PUES CON LA novedad de que Banco Actinver, como fiduciario del Fideicomiso F/3201 de Rafael Zaga Tawil, demandó ante el Juzgado Cuarto Civil de la CdMx a los hermanos Moisés y André El-Man y al Banco Bx+ de Antonio del Valle Ruiz, por haber sustraído indebidamente mil millones de pesos. El juez mediante auto fechado el 17 de noviembre decretó medidas cautelares para el aseguramiento del monto demandado. Los accionistas del Grupo El-Man fueron notificados el 7 de diciembre pasado. El juzgador solicitó el embargo de bienes de su propiedad por tal cantidad. Ya se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, congelar cuentas que tengan registradas en el sistema financiero. Asimismo, el congelamiento de sus derechos corporativos y patrimoniales en Fibra UNO, incluidos los Certificados Bursátiles Fiduciarios de su propiedad o copropiedad. Igualmente la suspensión de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido en banco Bx+.
LE INFORMABA EL jueves que AlphaCredit se apresta a presentar, de nueva cuenta, solicitud de concurso mercantil. La financiera de Augusto Álvarez y José Luis Orozco lo hará esta semana. Efectivamente, será con plan de reestructura financiera preacordada con sus bonistas. La compañía ya tiene el consentimiento de alrededor de 75% de los bondholders que representan cerca de 500 millones de dólares de la deuda. Apunte entre otros a Schroeders, DoubLine, BlackRock, Morgan Stanley, Crédit Agricole. AlphaCredit va con todo. Ya cuentan con los estados financieros debidamente auditados y firmados de un contador certificado y registrado por el SAT, que comanda Raquel Buenrostro. Serán tres empresas las que solicitarán el concurso bajo ese esquema: AlphaCredit Holding, AlphaCredit y Acercándonos. Por cierto que tanto Álvarez como Orozco no han salido del país.
A PROPÓSITO DEL tema, Landsteiner Scientific fue notificado el viernes por el Juzgado Décimo de Distrito en materia Civil de la CdMx, que admitió una petición de concurso mercantil en su contra. La promovió un proveedor de empaques e impresos llamado Grupo Zamberk. Como buena parte de las empresas del país, el laboratorio farmacéutico que preside Miguel Granados enfrenta un panorama retador, pero con buenas posibilidades de remontar porque tiene contratos vigentes con el Gobierno. Como ejemplo considere oncológicos con el Insabi, dispositivos para Covid-19 con el IMSS y anestésicos con la Unops. Landsteiner tiene pasivos cercanos a los 90 millones de dólares, principalmente con el Bancomext que recién asumió Luis Antonio Ramírez, amén de BBVA de Eduardo Osuna, Banorte de Carlos Hank González e Invex de Juan Guichard, a quienes ha cumplido en el pago de sus créditos.
VA A SER ESTE miércoles cuando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reúna con los miembros de la Asociación de Bancos de México. El encuentro se pospuso la semana pasada por un tema de agenda. Va a ser la oportunidad de que el gremio que lidera Daniel Becker tenga un primer acercamiento con el funcionario. Dado su perfil y por haber estado en el sector de la consultoría, muchos banqueros no lo conocen. Para Ramírez de la O la reunión será oportuna para hablar de la relación que Hacienda y Banco de México tendrán a partir del año próximo, una vez que Victoria Rodríguez Ceja empiece a operar como nueva gobernadora. Ramírez de la O fue quien la recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador.
ESTA SEMANA PODRÍA salir del Reclusorio Norte Juan Collado. El litigante estuvo preso casi dos años y medio, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, le ofreció un acuerdo reparatorio. El abogado de personajes de la vida política, como Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero Deschamps, Mario Villanueva, Carlos Ahumada, Javier Duarte y Enrique Peña Nieto, se comprometió a devolver cerca de dos mil 200 millones de pesos. Pero sobre todo a denunciar penalmente a abogados cercanos al entorno del ex Consejero Jurídica de la Presidencia, Julio Scherer.