La recuperación de 2 mil millones de pesos que informaron el presidente y el fiscal general fue lo que los El-Mann pagaron por un quebranto al Infonavit.
El gobierno de la 4T asestó un primer golpe seco, al índice de flotación, en el sector inmobiliario. El misil lo dirigió a los empresarios André y Max El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil.
Se trata de los accionistas de Telra Realty, una empresa que obtuvo en 2014 un contrato exclusivo del Infonavit para desarrollar un programa de Movilidad Hipotecaria, mejor colocido como Cambiavit.
Este negocio se adjudicó poco después de que Alejandro Murat se fuera de campaña a la gubernatura de Oaxaca; de hecho, no había director en el Infonavit cuando se firmó con Telra, pero él lo operó.
La movilidad atendía a la necesidad de los derechohabientes del Infonavit de cambiar de vivienda, aún sin haber terminado de pagar su hipoteca, ante la modificación de sus necesidades habitacionales.
Se requería de un programa para tal fin, pero el caso de la contratación de Telra ejemplificó cómo una necesidad legítima fue extralimitada en el proceso de contratación de un tercero.
Fue en mayo de 2017 cuando ya bajo la gestión de David Penchyna se procedió a cancelar anticipadamente el contrato por decisión del Consejo del Infonavit y a indemnizar a Telra.
La cuestión es que se autorizó el pago de aproximadamente 5 mil 88 millones de pesos a los accionistas, léase los El-Mann Arazi y los Zaga Tawil, lo que propició la demanda de la FGR de la 4T.
Semanas atrás, y todavía más puntual ayer, le informé que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto, había solicitado información de los principales accionistas del Fibra Uno.
El número de requerimiento 110/F/B/646/2020 de la UIF fechado el 27 de enero, fue recibido un día después por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Adalberto Palma.
Por lo que se sabe, las autoridades actuaban con base en una denuncia que el año pasado se interpuso contra los El-Mann y los Zaga por un quebranto en perjuicio del Infonavit.
La querella la seguía la Fiscalía General de la República (FGR) al mando de Alejandro Gertz Manero, que solicitó el congelamiento de cuentas no sólo de los primeros, sino también de los segundos.
Los más rápidos en reaccionar fueron los El-Mann, que ofrecieron a la FGR y a la UIF un acuerdo reparatorio a fin de evitar un daño mayor que afectara al resto de sus negocios.