Un grupo relevante de senadores demócratas y republicanos están en contra de la iniciativa de otorgar incentivos de entre 7 mil 500 y 12 mil 500 dólares para la compra de autos eléctricos, porque consideran que es una medida proteccionista para obligar a las armadoras a fabricar los motores en Estados Unidos y no en los otros países.
Esta medida dejaría en desventaja a plantas productivas no solo en la región del T-MEC, sino también de la Unión Europea.
Por su parte, las cadenas de suministro y las plantas armadoras de Canadá, Estados Unidos y México no están preparadas todavía para hacer el cambio de tecnología “por decreto de la Casa Blanca”.
Menos sin consultar a la industria y hacer un estudio del impacto económico y social de esta medida, porque se sabe implicaría un déficit gubernamental de unos tres billones de dólares.
La regla de origen actual exige hasta un 64% de contenido regional, pero la propuesta Build Back Better significa romper cadenas productivas importantes y crear una desventaja artificial a países como México y Canadá.
Gobiernos, industria y consumidores en los tres países están de acuerdo en que se debe transitar a energías limpias, pero el cambio debe ser planeado y concertado para no provocar una pérdida de hasta 25% de la inversión y el empleo en la región, particularmente en México.
El gobierno de Justin Trudeau está en contra de esta iniciativa y ha anunciado que podría suspender el T-MEC si el Senado estadounidense aprueba la nueva ley.
“La propuesta es una amenaza significativa para la industria automotriz canadiense y es una derogación de facto del T-MEC”, dijeron en una carta dirigida a líderes demócratas y republicanos, la viceprimera ministra canadiense y la ministra de Comercio, Chrystia Freeland y Mary Ng, respectivamente.
El presidente Biden es el principal impulsor de la iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes con 220 votos a favor y 213 en contra.
La votación de hoy en el Senado representa una decisión o un rechazo del libre comercio y de la integración en Norteamérica.
EN DÍAS RECIENTES Fabiola Gómez Flores, perito en grafoscopía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, determinó que la firma que aparece al calce del testamento de Socorro Romero Sánchez es falsa. Recordará que en torno a ese testamento existe una disputa familiar por más de 600 millones de dólares. La presunta heredera, Estela Romero, madre de los presuntos albaceas, Alfonso y Miguel Ángel Celis, ha caído en el error de confundir una estrategia legal con el creerse sus propias mentiras. En diversos medios han sostenido que el testamento de Socorro Romero es válido. Es de todos conocido que el testamento es falso, no solo por la firma apócrifa, sino por las extrañas circunstancias en que se otorgó. Basta recordar que fue realizado en circunstancias sumamente extrañas, un día antes de fallecer, cuando del acta de defunción se desprende que Socorro había fallecido por tres días de falla orgánica múltiple, además de las declaraciones del doctor Guillermo Ulises González Hernández, médico que la atendió en el lecho de muerte, quien dijo que llevaba diez días completamente sedada. A lo anterior habrá que sumarse las investigaciones en curso en contra de los notarios públicos de Tehuacán, Puebla, Rodrigo Ramírez Maclub y José Luis Salgado Vázquez, quienes en contubernio se prestaron como fedetarios para que los hermanos Celis pudieran perfeccionar su fraude, incluyendo además investigaciones de orden criminal en contra de aquellos quienes falsamente testificaron de la capacidad de la testadora. Estamos hablando de Efrén Marcos Tlapango Garmendia, Noel Montes de Oca y Lauro Cid Pineda.
PUES CON LA novedad de que Banco Actinver, como fiduciario del Fideicomiso F/3201 de Rafael Zaga Tawil, demandó ante el Juzgado Cuarto Civil de la CdMx a los hermanos Moisés y André El-Man y al Banco Bx+ de Antonio del Valle Ruiz, por haber sustraído indebidamente mil millones de pesos. El juez mediante auto fechado el 17 de noviembre decretó medidas cautelares para el aseguramiento del monto demandado. Los accionistas del Grupo El-Man fueron notificados el 7 de diciembre pasado. El juzgador solicitó el embargo de bienes de su propiedad por tal cantidad. Ya se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, congelar cuentas que tengan registradas en el sistema financiero. Asimismo, el congelamiento de sus derechos corporativos y patrimoniales en Fibra UNO, incluidos los Certificados Bursátiles Fiduciarios de su propiedad o copropiedad. Igualmente la suspensión de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido en banco Bx+.
